Who watches the watchman?

El otro día en la Sexta estuve viendo parte de un programa del Follonero (un tipo majo, la verdad) que trataba sobre los funcionarios. No sobre la función pública, sobre los funcionarios. EL contenido era, como siempre en este programa, cómico, desenfadado, sarcástico e irónico. Vamos, como todos los de Salvados.

Hombre, como programa informativo no daba la talla, la verdad, porque sólo se trataban algunos aspectos del sistema de función pública, los que dan más morbo a todos como el absentismo, la flexibilidad de horarios, los sueldos comparados, la falta de control, etc. Y se dejaban otros de lado como la pérdida de poder adquisitivo, las desigualdades, la corrupción política, la falta de motivación, los vacíos en la legislación aplicable, etc.

Un funcionario, y esto es algo que se debe tener en cuenta, es tanto el cirujano que opera a corazón abierto a un niño como el barrendero que se dedica a recoger las colillas del suelo, el policía que se juega la vida en un tiroteo con los atracadores de un banco y el administrativo que cumple plácidamente su jornada en una oficina con hilo musical y aire acondicionado. Y todos ellos se rigen, prácticamente, por un mismo estatuto con las mismas reglas, derechos y deberes.

Este puede muy bien ser uno de los problemas endémicos de la función pública. La legislación aplicable, salvo en determinados detalles, lo es para el cirujano, el barrendero, el policía y el administrativo. Esto es como si un mismo convenio lo fuese para el peón de albañil, el pescador de altura, el camarero de un hotel y el minero del cobre. Es muy difícil armonizar todos los aspectos legales que influyen en las condiciones de trabajo de todos estos profesionales sin incurrir en injusticias y absurdos. Sin ir más lejos, al margen de la normativa básica aplicable por el Estatuto Básico del Empleado Público, en mi Ayuntamiento existe un Convenio de Relaciones Socio-Laborales en el que en sus primeros artículos señala que “la jornada laboral ordinaria será de 8’00 a 15’00 horas”, pero esto no es aplicable a policías, inspectores de comercio, vigilantes de instalaciones deportivas, bibliotecarios, servicios técnicos, trabajadores sociales, técnicos de turismo, etc. Vamos que sólo es aplicable a menos del 40% de la plantilla, pero es la “jornada ordinaria”. El resto tiene que recurrir a los sindicatos o a acuerdos con el concejal de turno para establecer las condiciones de su jornada laboral ordinaria que no coincide con la que establece el Convenio. Y hablo sólo del convenio de un ayuntamiento y del aspecto que se refiere a la jornada laboral. Multiplíquese esto por todos los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, hospitales, cuerpos de seguridad del estado y otros organismos públicos y por todas y cada una de las condiciones laborales que afectan a cada colectivo y se comprenderá el pollo monumental que existe.

Otro de los males endémicos de la función pública es, sin duda, la dependencia directa y exclusiva de estos trabajadores de la clase política dominante. Imagínate en una empresa que cada cuatro años, o antes si hay una moción de censura, cambiase de jefe y con él de ideas, de objetivos, de forma de trabajar, de planificación, de filosofía empresarial,.. ¡Sería el caos! Hay proyectos empresariales cuyos resultados se manifiestan a los cinco años, como pronto. Otros necesitan más tiempo. Y además, imagínate que la única forma que tiene el jefe de turno de conservar su puesto es la de caer simpático al dueño del capital de la empresa, sea este una persona o una Junta de Accionistas. Pues además, añádele a esto que el jefe tiene barra libre, o casi, para actuar, para gestionar los recursos porque no está sujeto al balance de resultados propio de la empresa privada y porque la propia ley le otorga autonomía jurídica para actuar de oficio. ¿Te lo imaginas? Pues eso es lo que pasa en cualquier administración.

Añade, además, el flujo incesante de dinero proveniente de subvenciones públicas cuyo control se limita, muchas veces, a la presentación de una memoria final sobre las actuaciones emprendidas o la capacidad de endeudamiento de las distintas corporaciones o administraciones o las contrataciones públicas al borde de la legalidad o los sueldos de asesores y personal de confianza de los políticos o sus dietas por la asistencia a comisiones y plenos, etc, etc, etc.

Con todos estos mimbres resulta que a quienes se les exige un cumplimiento exquisito de sus deberes es a los funcionarios de base. Y no digo que no deba ser así porque a fin de cuentas deben corresponder adecuadamente a una relación contractual como cualquier otro trabajador de la empresa privada. O más si cabe porque están al servicio de la sociedad. Lo que pasa es que cuando un funcionario que realiza sus funciones con celo y responsabilidad ve cómo su trabajo se va al traste porque el político responsable de su área no ha tenido en cuenta su valoración técnica de un asunto y lleva a cabo un proyecto suicida o cuando ve cómo sus funciones las realiza una empresa externa contratada al efecto porque existe una subvención para ello o ve cómo existen determinadas prebendas y privilegios para los amiguetes o ve cómo tiene que realizar funciones de superior categoría de modo sistemático porque hay un vacío en el organigrama, en definitiva, cuando ve que todo a su alrededor es un caos organizativo que deja en agua de borrajas los principios de eficacia y eficiencia que se le presuponen a la administración pública, pues cunde el desánimo, la desmotivación y, finalmente, la laxitud.

Es cierto que puede parecer una excusa pobre y que cada uno debemos de asumir la parte de culpa y de responsabilidad que nos toca, pero no es menos cierto que los problemas de la función pública no se solucionan con el control de los funcionarios porque ¿quién vigila al vigilante? O como dicen los ingleses Who watches the watchman?